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AD del 23/09/2012 - Paraná , ER.


  

La iniciativa presentada por los diputados Fabián Rogel (Entre Ríos) y Fernando Pino Solanas (Capital Federal) incorpora como artículo 62º bis al Código Penal el siguiente texto:

 “Los delitos cometidos por cualquiera de los representantes de las instituciones del Estado y por los funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, que atenten contra el patrimonio público, los bienes de la Nación y causen grave daño económico serán imprescriptibles."
                                                                      
 Actualmente, esta condición se da sólo en casos vinculados a la lesa humanidad Especialistas penales rechazan la idea de convertir en imprescriptibles los delitos cometidos en la función pública.


El proyecto de ley que pretende convertir en imprescriptibles los delitos cometidos en la función pública tuvo el rechazo de especialistas penales. La iniciativa presentada por los diputados Fabián Rogel (Entre Ríos) y Fernando Pino Solanas (Capital Federal) incorpora como artículo 62º bis al Código Penal el siguiente texto:

“Los delitos cometidos por cualquiera de los representantes de las instituciones del Estado y por los funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, que atenten contra el patrimonio público, los bienes de la Nación y causen grave daño económico serán imprescriptibles.

También resultarán imprescriptibles los delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, encubrimiento y lavado de activos, cuando hubieren sido cometidos en el ejercicio de la función pública”.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores expresan que “lo que está en discusión es si el tiempo tiene el poder de modificar o anular la aplicación de una ley penal”.

Rogel, en rigor, apunta a un delito que lo preocupa y que es el pago “fraudulento” de la deuda externa. Entiende que “en la historia de los últimos 35 años, sobran los ejemplos de funcionarios públicos que, aun cuando perjudicaron gravemente al patrimonio público, fueron eximidos de cualquier responsabilidad penal debido precisamente a los plazos de prescripción que operaron favorablemente para que los delitos quedaran impunes”.

El caso más emblemático, según conjetura, podría resultar el del ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, imputado de graves cargos por defraudación a la administración pública y que fuera procesado en la causa que tramitó ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, en donde pesa a su favor un sobreseimiento de la acción penal por el transcurso del tiempo. En el año 2000, el juez Jorge Ballestero declaró en un fallo a la deuda de “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”.

Voces

Una rueda de consultas realizada por El Diario a especialistas en derecho penal tuvo como saldo respuestas negativas a la iniciativa. Aunque no terminantes. Si bien los consultados dijeron desconocer los fundamentos del texto presentado, se opusieron a la idea de que los delitos en la función pública sean imprescriptibles.

“No se puede estar toda una vida investigando un delito si no es de lesa humanidad. Si un funcionario está sospechado, por ejemplo de haber cometido una malversación de fondos, si en 10 años no hay un solo dato para abrir una investigación hay dos posibilidades: o no hay elementos para perseguir la acción penal, o se está ante un mal desempeño de la Justicia”, asestó Rubén Pagliotto. 
El letrado sostuvo que “no está mal la ley de prescripción, creo que los tiempos para investigar son razonables”, opinó el ex procurador de la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

Para diputado nacional Raúl Barrandeguy, “un delito que no se persiguió durante 10 años es porque no hay elementos para hacerlo o bien hubo intenciones veladas para negarse a hacerlo”. Para el abogado “la acción penal tiene períodos lógicos de prescripción según los delitos, menos los vinculados a los derechos humanos. Ese es otro asunto”, apuntó.

El legislador por el oficialismo y ex fiscal de Estado puso un ejemplo gráfico: “¿Qué hacemos con un tipo que supuestamente se robó un cenicero y durante 20 años no se hizo nada, no se encontró nada y después de todo ese tiempo se decide empezar a investigarlo? Una persona no puede estar sospechada de por vida”, reflexionó.

El titular de la Oficina Anticorrupción, Sebastián Trinadori, también se mostró en contra del proyecto de que no prescriban los delitos en la función pública. “Una estafa tiene una pena de 6 años y el peculado 10 años. Estos tiempos de prescripción son suficientes para llevar adelante una investigación. Incluso no hay que olvidarse que los tiempos empiezan a correr al momento en el que la persona termina su función en el Estado”, recordó.

En términos políticos, el titular del organismo que depende de Fiscalía de Estado, sostuvo que en todo caso “se podría endurecer las penas”, y apuntó: “La imprescriptibilidad de un delito sólo se da en caso de los hechos vinculados a la lesa humanidad y eso está tipificado acorde a los tratados internacionales a los que adhirió el país”.

El procurador general de la provincia, Jorge García, se manifestó a favor de “aumentar los términos de prescripción de estos delitos”, ya que “en el Código Argentino son cortos”. 

No obstante, sugirió que el tema “debería ser una cuestión para analizar en profundidad”. El titular del Ministerio Público Fiscal se mostró reacio a “cualquier reforma sobre hechos puntuales”. 

Lamentó además que “los organismos de control que tendrían que actuar no son muy buenos para investigar”.

Plazos

El artículo 62º del Código Penal dice que la acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: 

1) A los 15 años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua.
2) Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años. 
3) A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua. 
4) Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal. 5) A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa