AD, 13/05/2014
La Corte Suprema resolverá la competencia
Investigan
el manejo de fondos para “cooperativas sociales” en Concepción del Uruguay.
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///...al respecto..
Otra vez, dos "Damas" Interpeladas en busca del Valor de la Verdad...
Celebro la intervención del STJN..
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Veremos si avanzamos en la Transformación anhelada...
Ver varias notas afines y comentarios de CiC - CrU, OFe / gpPP en varias Ediciones de http://consultorariouruguay.blogspot.com |
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 Monumento a los Corruptos existente en Buenos Aires. | |
Apreciad el brazo extendido pegado al cuerpo, la mano desplegada y abierta, el sigilo y la bolsa colgante, todo al amparo de la saliente del muro para pasar inavertido...
-Hasta ahora, - ver denuncias varias - no pasa nada, - salvo los perejiles -, el Sistema sigue funcionando y perfeccionado con Fueros empáticos...
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El juzgado provincial a cargo de
Mariano Martínez investiga una posible defraudación en el manejo de fondos
públicos por parte de las denominadas “cooperativas sociales” que comanda
Enrique Chimento en Concepción del Uruguay.
La
causa, que lleva el número 34.943, se inició como derivación de una denuncia
por amenazas realizada por un trabajador de la “cooperativa” San Cayetano en
2011.
Como se trata de fondos federales, el
magistrado la derivó a la Justicia Federal, pero la fiscal Milagros Squivo la
rechazó.
La Corte Suprema debe resolver la
competencia, pero mientras tanto, ordenó al magistrado que siga investigando.
Una alta fuente judicial dijo que el caso va a destapar “una caja de Pandora”.
Aunque
nadie arriesga cifras, la defraudación podría alcanzar números millonarios.
Hace casi tres años, en junio de 2011, la Justicia
allanó la sede de la Federación de Cooperativas Sociales (Fecoopso) de
Concepción del Uruguay, por orden del entonces juez de instrucción Mariano
Martínez, a raíz de una denuncia por tenencia de armas, lesiones y amenazas.
El denunciante fue Edgardo Perrouchoud, un
“socio” -en realidad trabajador precario-, que acusó al responsable de la
“cooperativa” San Cayetano, Oscar Alfredo Moreyra, por amenazarlo con armas en
la vía pública, tras un reclamo salarial.
En el marco de esa causa, y para reunir documentación, el juez ordenó
una serie de allanamientos en tres domicilios particulares en barrio San Roque,
en Villa Industrial y en Cantera 25; y también en la sede de la Federación
(ubicada en Lucilo López al 1580).
En un informe de El Miércoles Digital se indicó que “aunque inicialmente
la causa -que lleva el número 34.943- se limitaba a Moreyra, los allanamientos tuvieron una
consecuencia inesperada para las autoridades de la Fecoopso que comanda Enrique
Chimento. La documentación secuestrada fue el inicio de una nueva causa
judicial, a raíz de que los funcionarios judiciales detectaron irregularidades
en el manejo de fondos en los papeles de la Fecoopso”.
¿En qué consistían esas irregularidades? “A grandes rasgos, en que los
importantes recursos remitidos por la Nación para la actividad de las
“cooperativas”, no se corresponden con las rendiciones de cuentas de esos
mismos fondos. Los funcionarios judiciales revisaron exhaustivamente la
documentación secuestrada, con la intención de determinar si se trataba de una
desprolijidad contable o de una estafa.
La
respuesta no dejó dudas: “Abrimos la caja de Pandora”: así lo resumió un
altísimo funcionario judicial. El delito que se investiga en la nueva causa es
“defraudación”, en manos del mismo magistrado pero con nuevo nombre y
funciones, tras la reforma judicial entrerriana”.
De este modo, “de la denuncia original contra un dirigente de segunda línea de
las llamadas ‘cooperativas sociales’, se pasó a una cuestión de mayor densidad
y de imprevisibles consecuencias para el poder político.
Pocos días
atrás, la concejal Verónica Magni reclamó informes al Ejecutivo, para que dé a
conocer algunos puntos. La edila
socialista recordó que ya en otras oportunidades solicitó, infructuosamente,
información sobre los convenios realizados por la Municipalidad y las
cooperativas, sin haber recibido nunca una respuesta”.
Quién investiga
Mariano Sebastián Martínez -ahora juez de Garantías y Transición-, después de
realizar los primeros trámites, entendió que por tratarse de fondos federales,
la competencia correspondía al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Por esa razón, el 27 de diciembre de 2013
remitió el expediente a la fiscal federal María de los Milagros Squivo. Se
abrió así un nuevo expediente, en el marco de la Justicia Federal, con el
número 9364/2013, y caratulada: “Cooperativas sociales s/defraudación”.
La feria veraniega tuvo el trámite
parado hasta el 27 de febrero, fecha en que la funcionaria de la Justicia
Federal le devolvió la causa al juez Martínez, para que éste retomara las
investigaciones.
Pero Martínez, convencido de que no tiene competencia en el
asunto, insistió ante la única instancia superior común a ambos funcionarios
judiciales: la Corte Suprema de Justicia.
El 18 de marzo ingresó una presentación para que el
máximo órgano judicial de la Argentina resuelva lo que se conoce como una “contienda de competencia”. Es decir:
quién debe tramitar la causa, si la Justicia entrerriana a través del juez
Martínez, o la Justicia Federal.
El
magistrado envió el expediente completo: cuatro cuerpos, con dieciocho
agregados y dos cajas, según consta en la información oficial de la Corte.
El trámite lleva el número 126/2014 y la carátula reza “Perrouchoud, Edgardo
Matías. Su denuncia -defraudación cooperativas sociales”.
Pero al día siguiente, el máximo
tribunal le devolvió la causa: aunque debe resolver la cuestión de fondo (es
decir: a quién le compete investigar), el 19 de marzo ordenó el envío al juez
Martínez, con expresas indicaciones de que “el Juzgado de Garantías y
Transición de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, prosiga con el
trámite de la causa hasta tanto se resuelva en definitiva la contienda de
competencia suscitada”.
Es decir que se tomen todas las medidas necesarias
para que avance la investigación, para que el “incidente de competencia” no
signifique que la causa se trabe.
El juez ya tiene de nuevo todo en sus
manos. Y aunque las principales medidas de urgencia ya se habían tomado (todas
las necesarias para preservar evidencias), a raíz de esta indicación de la
Corte, el magistrado seguirá resolviendo algunas medidas que permitan que el
trámite se mueva. Por ejemplo, a quiénes imputar.
Alcances de la investigación
En el informe divulgado este martes, se indicó que “los fondos nacionales para las cooperativas son remitidos desde el
Ministerio de Planificación Federal, en el marco de diferentes programas y
dependencias administrativas.
Las mismas fuentes del juzgado aseguran que la burocracia federal complica la
recolección de pruebas informativas: cada pedido de información que se realiza
a las instancias oficiales de la Nación requiere meses y numerosos reclamos
para ser obtenidas”.
En ese sentido, se precisó: “La
defraudación, en realidad, es una denominación genérica de una serie de delitos
incluidos en el Código Penal, entre ellos la estafa. El artículo 173 del código
establece, en once incisos, los casos especiales.
Se entiende que la defraudación es un ataque a la propiedad (en este
caso
propiedad pública, al tratarse de recursos asignados por el Estado
nacional) cometido mediante el fraude, es decir con ardid o engaño o por
abuso de confianza. La pena prevista (artículo 172) va de un mes a seis
años de prisión”.
“La complejidad de la causa amenaza con
afectar a funcionarios municipales y provinciales, porque los recursos y las
obras que realizan las cooperativas surgen de contrataciones o convenios con
ambas instancias.
Por otro lado, los fondos que reciben las cooperativas
alcanzan cifras importantísimas. Solamente
el convenio firmado por la Municipalidad con el Programa Federal de Integración
Socio Comunitaria supera el millón de pesos. Y ese tipo de convenios, además,
establecen requisitos y exigencias que la provincia y la Municipalidad no
pueden soslayar, como por ejemplo la formación de unidades ejecutoras que deben
coordinar, auditar y supervisar las obras y que están bajo la responsabilidad
de los funcionarios públicos.
Los trámites cotidianos también involucran a la
Municipalidad: al menos parte de los fondos que remite la Nación se depositan
en cuentas bancarias a nombre del Estado municipal, y éste a su vez se los
efectiviza a la cooperativa encargada en cada caso”, se explicó en el
informe.
Conexión
“Hace apenas un mes, las viviendas particulares de dos funcionarios municipales
y el auto de un tercero fueron atacados en forma anónima, en una llamativa
acción que muestra la impunidad con la que se manejan determinados sectores del
PJ uruguayense. El intendente Carlos
Schepens fue el primer ‘sincericida’, cuando dijo que desde el gobierno
municipal ‘sabemos perfectamente de dónde provinieron estos ataques’”, se
acotó.
Completando la hipótesis, el secretario
Legal y Técnico del municipio, Ricardo Vales (uno de los atacados), insinuó “no
solo saber quiénes fueron sino también por qué lo hicieron: ‘Nosotros estamos
auditando a las cooperativas que prestan tareas en la Municipalidad. Creo que
por ahí viene el atentado hacia mi persona, dos cooperativas en particular”.
Incluso advirtió: “Si pensaron que mandándome a
prender fuego la casa iban a evitar que yo siga haciendo mi tarea, se
equivocaron de persona, lo que lograron es enojarnos más”.
Por las dudas, y abriendo el paraguas, el propio Vales “salvó” a las demás
“cooperativas”, al aclarar: “Quiero dejar salvaguardada
la honorabilidad del resto de las cooperativas, que esto no tiene que ver con
las cooperativas en sí, sino exclusivamente, con estas que no están haciendo
las cosas como corresponde, que no están cuidando a su gente, no hacen aportes,
no los tienen asociados, termina siendo un gran negocio. Como esta
ciudad es chica, nos conocemos todos y ya se sabe”.
Cristina Fernandez de Kirchner Fb del 20-05-14 / 21, 53
