Las "Damas" de la Justicia, la Administración Pública y los Personajes Corruptos.

AD, 13/05/2014 

La Corte Suprema resolverá la competencia

Investigan el manejo de fondos para “cooperativas sociales” en Concepción del Uruguay.

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///...al respecto.. Otra vez, dos "Damas" Interpeladas en busca del Valor de la Verdad... Celebro la intervención del STJN.. . Veremos si avanzamos en la Transformación anhelada... Ver varias notas afines y comentarios de CiC - CrU, OFe / gpPP en varias Ediciones de http://consultorariouruguay.blogspot.com
Monumento a los Corruptos  existente en Buenos Aires.

 Apreciad el brazo extendido pegado al cuerpo, la mano desplegada y abierta, el sigilo y la bolsa colgante, todo al amparo de la saliente del muro para pasar inavertido...

-Hasta ahora, - ver denuncias varias - no pasa nada, - salvo los perejiles -, el Sistema sigue funcionando y perfeccionado con Fueros empáticos...
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       El juzgado provincial a cargo de Mariano Martínez investiga una posible defraudación en el manejo de fondos públicos por parte de las denominadas “cooperativas sociales” que comanda Enrique Chimento en Concepción del Uruguay.

La causa, que lleva el número 34.943, se inició como derivación de una denuncia por amenazas realizada por un trabajador de la “cooperativa” San Cayetano en 2011.

Como se trata de fondos federales, el magistrado la derivó a la Justicia Federal, pero la fiscal Milagros Squivo la rechazó. 

     La Corte Suprema debe resolver la competencia, pero mientras tanto, ordenó al magistrado que siga investigando. Una alta fuente judicial dijo que el caso va a destapar “una caja de Pandora”.

 

Aunque nadie arriesga cifras, la defraudación podría alcanzar números millonarios.

Hace casi tres años, en junio de 2011, la Justicia allanó la sede de la Federación de Cooperativas Sociales (Fecoopso) de Concepción del Uruguay, por orden del entonces juez de instrucción Mariano Martínez, a raíz de una denuncia por tenencia de armas, lesiones y amenazas. 

     El denunciante fue Edgardo Perrouchoud, un “socio” -en realidad trabajador precario-, que acusó al responsable de la “cooperativa” San Cayetano, Oscar Alfredo Moreyra, por amenazarlo con armas en la vía pública, tras un reclamo salarial.

En el marco de esa causa, y para reunir documentación, el juez ordenó una serie de allanamientos en tres domicilios particulares en barrio San Roque, en Villa Industrial y en Cantera 25; y también en la sede de la Federación (ubicada en Lucilo López al 1580).
 

En un informe de El Miércoles Digital se indicó que “aunque inicialmente la causa -que lleva el número 34.943- se limitaba a Moreyra, los allanamientos tuvieron una consecuencia inesperada para las autoridades de la Fecoopso que comanda Enrique Chimento. La documentación secuestrada fue el inicio de una nueva causa judicial, a raíz de que los funcionarios judiciales detectaron irregularidades en el manejo de fondos en los papeles de la Fecoopso”.

¿En qué consistían esas irregularidades? “A grandes rasgos, en que los importantes recursos remitidos por la Nación para la actividad de las “cooperativas”, no se corresponden con las rendiciones de cuentas de esos mismos fondos. Los funcionarios judiciales revisaron exhaustivamente la documentación secuestrada, con la intención de determinar si se trataba de una desprolijidad contable o de una estafa.  

     La respuesta no dejó dudas: “Abrimos la caja de Pandora”: así lo resumió un altísimo funcionario judicial. El delito que se investiga en la nueva causa es “defraudación”, en manos del mismo magistrado pero con nuevo nombre y funciones, tras la reforma judicial entrerriana”.

De este modo, “de la denuncia original contra un dirigente de segunda línea de las llamadas ‘cooperativas sociales’, se pasó a una cuestión de mayor densidad y de imprevisibles consecuencias para el poder político. 

Pocos días atrás, la concejal Verónica Magni reclamó informes al Ejecutivo, para que dé a conocer algunos puntos. La edila socialista recordó que ya en otras oportunidades solicitó, infructuosamente, información sobre los convenios realizados por la Municipalidad y las cooperativas, sin haber recibido nunca una respuesta”.

Quién investiga

      Mariano Sebastián Martínez -ahora juez de Garantías y Transición-, después de realizar los primeros trámites, entendió que por tratarse de fondos federales, la competencia correspondía al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Por esa razón, el 27 de diciembre de 2013 remitió el expediente a la fiscal federal María de los Milagros Squivo. Se abrió así un nuevo expediente, en el marco de la Justicia Federal, con el número 9364/2013, y caratulada: “Cooperativas sociales s/defraudación”.

La feria veraniega tuvo el trámite parado hasta el 27 de febrero, fecha en que la funcionaria de la Justicia Federal le devolvió la causa al juez Martínez, para que éste retomara las investigaciones. 

Pero Martínez, convencido de que no tiene competencia en el asunto, insistió ante la única instancia superior común a ambos funcionarios judiciales: la Corte Suprema de Justicia.

El 18 de marzo ingresó una presentación para que el máximo órgano judicial de la Argentina resuelva lo que se conoce como una “contienda de competencia”. Es decir: quién debe tramitar la causa, si la Justicia entrerriana a través del juez Martínez, o la Justicia Federal.  

     El magistrado envió el expediente completo: cuatro cuerpos, con dieciocho agregados y dos cajas, según consta en la información oficial de la Corte. El trámite lleva el número 126/2014 y la carátula reza “Perrouchoud, Edgardo Matías. Su denuncia -defraudación cooperativas sociales”.

Pero al día siguiente, el máximo tribunal le devolvió la causa: aunque debe resolver la cuestión de fondo (es decir: a quién le compete investigar), el 19 de marzo ordenó el envío al juez Martínez, con expresas indicaciones de que “el Juzgado de Garantías y Transición de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, prosiga con el trámite de la causa hasta tanto se resuelva en definitiva la contienda de competencia suscitada”. 

Es decir que se tomen todas las medidas necesarias para que avance la investigación, para que el “incidente de competencia” no signifique que la causa se trabe.

      El juez ya tiene de nuevo todo en sus manos. Y aunque las principales medidas de urgencia ya se habían tomado (todas las necesarias para preservar evidencias), a raíz de esta indicación de la Corte, el magistrado seguirá resolviendo algunas medidas que permitan que el trámite se mueva. Por ejemplo, a quiénes imputar.

Alcances de la investigación

En el informe divulgado este martes, se indicó que “los fondos nacionales para las cooperativas son remitidos desde el Ministerio de Planificación Federal, en el marco de diferentes programas y dependencias administrativas. 

Las mismas fuentes del juzgado aseguran que la burocracia federal complica la recolección de pruebas informativas: cada pedido de información que se realiza a las instancias oficiales de la Nación requiere meses y numerosos reclamos para ser obtenidas”.

      En ese sentido, se precisó: “La defraudación, en realidad, es una denominación genérica de una serie de delitos incluidos en el Código Penal, entre ellos la estafa. El artículo 173 del código establece, en once incisos, los casos especiales.

Se entiende que la defraudación es un ataque a la propiedad (en este caso 

propiedad pública, al tratarse de recursos asignados por el Estado nacional) cometido mediante el fraude, es decir con ardid o engaño o por abuso de confianza. La pena prevista (artículo 172) va de un mes a seis años de prisión”.

“La complejidad de la causa amenaza con afectar a funcionarios municipales y provinciales, porque los recursos y las obras que realizan las cooperativas surgen de contrataciones o convenios con ambas instancias. 

Por otro lado, los fondos que reciben las cooperativas alcanzan cifras importantísimas. Solamente el convenio firmado por la Municipalidad con el Programa Federal de Integración Socio Comunitaria supera el millón de pesos. Y ese tipo de convenios, además, establecen requisitos y exigencias que la provincia y la Municipalidad no pueden soslayar, como por ejemplo la formación de unidades ejecutoras que deben coordinar, auditar y supervisar las obras y que están bajo la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Los trámites cotidianos también involucran a la Municipalidad: al menos parte de los fondos que remite la Nación se depositan en cuentas bancarias a nombre del Estado municipal, y éste a su vez se los efectiviza a la cooperativa encargada en cada caso”, se explicó en el informe.

Conexión

“Hace apenas un mes, las viviendas particulares de dos funcionarios municipales y el auto de un tercero fueron atacados en forma anónima, en una llamativa acción que muestra la impunidad con la que se manejan determinados sectores del PJ uruguayense. El intendente Carlos Schepens fue el primer ‘sincericida’, cuando dijo que desde el gobierno municipal ‘sabemos perfectamente de dónde provinieron estos ataques’”, se acotó.

Completando la hipótesis, el secretario Legal y Técnico del municipio, Ricardo Vales (uno de los atacados), insinuó “no solo saber quiénes fueron sino también por qué lo hicieron: ‘Nosotros estamos auditando a las cooperativas que prestan tareas en la Municipalidad. Creo que por ahí viene el atentado hacia mi persona, dos cooperativas en particular”.

Incluso advirtió: “Si pensaron que mandándome a prender fuego la casa iban a evitar que yo siga haciendo mi tarea, se equivocaron de persona, lo que lograron es enojarnos más”.

Por las dudas, y abriendo el paraguas, el propio Vales “salvó” a las demás “cooperativas”, al aclarar: “Quiero dejar salvaguardada la honorabilidad del resto de las cooperativas, que esto no tiene que ver con las cooperativas en sí, sino exclusivamente, con estas que no están haciendo las cosas como corresponde, que no están cuidando a su gente, no hacen aportes, no los tienen asociados, termina siendo un gran negocio. Como esta ciudad es chica, nos conocemos todos y ya se sabe”.